Anular la Ley Longuiera. Ahora es cuando

Por: Boris Barrera

El 09 de diciembre del 2011, el entonces gobierno de Sebastián Piñera, presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de Pesca, Ley Nº18.892. Esta iniciativa, conocida popularmente como Ley Longueira, fue tramitada en doce meses y publicada en febrero del 2013. 

Se conoce que en su tramitación, se violaron una decena de normas jurídicas; la Constitución Política, el Código Tributario, el Código Penal, la ley sobre competencia desleal, la Ley Orgánica del Congreso Nacional, la Ley Orgánica de Bases Generales de Administración del Estado, entre otras. 

Los principales infractores de estas normas fueron parlamentarios y representantes del sector industrial pesquero que han estado visitando tribunales de forma frecuente. Algunos, como el propio ex ministro Pablo Longueira, fue acusado también en el caso de SQM. 

Me toca visitar mucha gente que me increpa por el rol de los parlamentarios en nuestra democracia. Muchos piensan que somos ladrones, sinvergüenzas, personas sin escrúpulos. Lo que más lamento, es el deterioro en la confianza que nuestro pueblo tiene en sus representantes y las instituciones a partir de estos hechos. Más aún, ellos perciben que  tales infracciones transcurren sin sanción. Esto merma nuestra labor, afecta la integración e incrementa la indiferencia de la ciudadanía. 

Los beneficiados por la aprobación de la Ley de Pesca, son un reducido grupo de personas que han disfrutado de privilegios e impunidad. Es triste decirlo, pero no se puede tapar el sol con un dedo.

Es más, ni siquiera el Presidente Piñera en esa época estuvo a favor de promover la entrega en propiedad de los recursos pesqueros, siempre estuvo por la licitación de los mismos.

Sin embargo, el ministro UDI impulsó esta maquinación fraudulenta con el auspicio de quienes finalmente se quedaron con la propiedad de los recursos pesqueros de todos los chilenos. 

En este proceso estuvieron involucrados  diputadas como Marta Isasi, senadores como Jaime Orpis, acusados ante la comisión de ética de la Cámara baja y en los tribunales de justicia, respectivamente, además de asociaciones gremiales, como la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, que actuaron como verdaderos carteles de la industria. 

El 06 de enero del año 2016, se presentó una moción parlamentaria  que declara nula la Ley Nº20.657, que es la Ley Longueira.  Esta iniciativa, se sostiene en varios elementos.

En primer lugar, en la enorme cantidad de vicios que rodeó su aprobación, cuyas infracciones legales ameritan un reproche tal que pueda dejarla sin efecto, que es el objetivo propio de la nulidad.

En segundo lugar, nuestra democracia debe mostrar que es capaz de hacer justicia y reparar lo que por engaño y fraude se obtiene. No puede ser cómplice de ilegalidades y de la vulneración del principio de probidad.

En tercer lugar, es inaceptable asumir como consecuencia de esta entrega fraudulenta de propiedad, el tener que indemnizar a quienes robaron los recursos pesqueros, que sería el efecto propio de derogar la ley. Dicha indemnización correría hasta el año 2033. Con la declaratoria de nulidad de la Ley Nº20.657, no pasaría semejante atropello al buen sentido. 

Recuperar los recursos pesqueros para el pueblo sería además, contribuir a una vida más saludable. Emplear pescados para producir harina que comen pollos y cerdos, es un despropósito. Hay que volver a colocar el abundante pescado en la mesa de los chilenos. 

El próximo miércoles 12 de diciembre, se vota la moción que declara la nulidad de la Ley Longueira en la Comisión de Constitución y en las semanas siguientes, de aprobarse en dicha instancia, va a la Sala. 

No hemos ganado nada con la Ley Longueira y hay que anularla. Ahora es cuando.